La participación ciudadana: un derecho y un deber

La participación ciudadana: un derecho y un deber

Se ha aceptado jurisprudencialmente que la finalidad de nuestro Estado Participativo es otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis, ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria. 

(José Aníbal Sánchez Solano)

En el año de 1991, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, eligió a unos delegados para que en su nombre y dentro de una Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación, decretaran, sancionaran y promulgaran la CONSTITUCIÓN o CARTA MAGNA que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan.

Se logró con esta decisión asegurar y garantizar a los ciudadanos colombianos los derechos a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que afiance un orden político, económico y social justo.

Esta Carta Magna, o Norma de Normas, busca en esencia garantizar al pueblo sus derechos y libertades.

Se declaró así a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.(Artículo 1° de la C.N.)

Se señaló en el artículo 2° que entre los fines esenciales del Estado se contemplan, además de servir a la comunidad y promover la prosperidad general, entre otros, el de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Y en el artículo 40, se instituyó que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Nuestra Constitución Política entonces fijó las bases de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, entendido esto último como la introducción de un verdadero avance de la nueva Constitución, para generar la transición del Estado representativo que teníamos, al Estado participativo, siguiendo la corriente constitucional de la mayoría de los países de ibero América. Se ha aceptado jurisprudencialmente que la finalidad de este Estado Participativo es otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis, ni de la resolución de los factores que inciden en su vida diaria. La participación se concibe como principio fundamental del Estado y fin esencial de su actividad, lo que implica para sus autoridades el deber de promoverla. Se prevé la participación para decidir, presentar iniciativas de origen popular, concertar y negociar, gestionar, fiscalizar y controlar.

La participación es entonces un principio constitutivo del Estado colombiano, una finalidad esencial de su acción y un derecho consagrado en la Constitución, por lo que se ha adoptado como una política de Estado, en cuyo desarrollo deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, los ciudadanos y sus diferentes formas de organización, acción y expresión, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la diversidad nacional.